El acusado ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal por un delito de calumnias y otro de injurias graves contra el edil de Infraestructuras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Sobre la Sentencia cabe recurso de apelación frente a la Audiencia Provincial de Murcia.
Los hechos se remontan a enero de 2021, fecha en la que el empleado público F.M.V., que no formaba parte entonces de la plantilla del Consistorio alhameño debido a la extinción de su comisión de servicio, redactó y remitió a los medios de comunicación locales un escrito en el que desacreditaba a Antonio García, atribuyéndole la comisión de un acto delictivo y además descalificaciones que perjudicaba gravemente su honor, atentando contra su fama, teniendo en cuenta su posición de personalidad pública como miembro del equipo de Gobierno de Alhama de Murcia. Una vez publicado, el contenido de este escrito fue utilizado días después por otros medios de comunicación del municipio, como la televisión local, haciéndose eco también las redes sociales y los órganos colegiados del Ayuntamiento a preguntas de la oposición.
En el escrito, el acusado culpaba a García de ser conocedor de la supuesta desaparición o traslado de una serie de expedientes, movido por ciertos intereses personales, lo que podía incurrir en un delito de prevaricación administrativa, así como también se podían leer en él calificativos de carácter ofensivo, que ponían en tela de juicio la profesionalidad y la buena praxis del concejal. Ante esta situación, el edil de Infraestructuras y Servicios Públicos presentó un acto de conciliación en el Juzgado de Paz de Alhama, para darle la posibilidad de rectificar, pero lejos de ello, el funcionario se ratificó en sus afirmaciones. Esto propició que el concejal se viera obligado a presentar una querella por vía penal, solicitando un juicio oral contra el autor de la carta, en septiembre del mismo año. Para ello, el edil declinó hacer uso de la defensa jurídica del Ayuntamiento, algo a lo que tiene derecho, y lo hizo de forma personal contratando a un abogado.
El pasado jueves 4 de mayo, el Juzgado de lo Penal nº 2 de Lorca falló condenando al acusado como responsable criminalmente en concepto autor de sendos delitos, uno de calumnias y otro de injurias graves, fundamenta la sentencia que “la conducta del acusado al publicar aquella carta, dirigiéndose a la opinión pública de la localidad de Alhama de Murcia, atribuyendo a Antonio García Hernández actuaciones delictivas en orden a los expedientes sancionadores que se tramitan en su departamento municipal y vertiendo insultos hacia el mismo, con la intención de perjudicar su honor, no encuentra justificación alguna”. De esta forma, el acusado deberá hacer frente a una pena de multa de doce meses por un delito de calumnias a razón de seis euros por día, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, así como a una pena de siete meses de multa por un delito de injurias graves, con la misma cuota diaria y responsabilidad personal subsidiaria. En el orden civil, deberá indemnizar con la cantidad de 1.000 euros por el perjuicio derivado de la publicación, así como al pago de las costas causadas en este procedimiento. El medio que publicó la carta ha sido condenado de forma solidaria en cuanto a la responsabilidad civil.
García ha valorado esta sentencia, “sienta un precedente, en el que no todo vale; los intereses personales de algunos particulares o empleados públicos no pueden manchar el buen trabajo de la mayoría de los funcionarios”. Al tiempo que ha anunciado que donará el dinero a una causa benéfica.
Desde el Partido Socialista celebramos el pronunciamiento judicial y defendemos, ahora y siempre, y la profesionalidad de nuestro secretario general y concejal Antonio García. Así como de los concejales/as que componen el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alhama. La apuesta por la transparencia dentro de las instituciones ha sido uno de nuestros pilares durante todo este tiempo y así seguirá siendo, siempre al servicio del interés general.
El Partido Popular ha utilizado este caso de forma similar a otros para intentar manchar la imagen del Gobierno socialista. Todas sus acusaciones han sido rechazadas judicialmente, lo que demuestra que los Populares y su actual portavoz, María Cánovas, solo buscan el escándalo público sin importarles el daño que generan a las instituciones y al municipio.
