El equipo de Gobierno local sacaba adelante en el pleno ordinario de este martes sus segundos presupuestos de la legislatura. Un ejercicio en el que la situación de la economía actual afecta de manera directa e indirecta a la financiación del Ayuntamiento y a su capacidad de actuación en los próximos años. Por ello se plantean desde la austeridad y un control del gasto que permitan ser más eficientes de acuerdo con las políticas económicas de hoy.
Lo que marca de forma determinante el presupuesto de 2017 es el ajuste en la recaudación por IBI, por la caída en un 90% de los valores catastrales de una parte importante de parcelas destinadas a desarrollos urbanísticos. Hablamos de Campo de Vuelo, Condado de Alhama II, La Ermita y Sierra de Alhama, que supondrán un descenso de 1,19 millones de euros de ingresos, derivado de las políticas del anterior Gobierno del PP + Ciudadanos para facilitar la llegada de inversores al proyecto Paramount.
Sin embargo, el ajuste en gastos estructurales no tiene que llegar a este importe gracias a los realizados tanto en materia de ingresos como de gastos durante el año anterior, habiendo cumplido en todo caso los compromisos electorales de reducir un 30% la tasa de basura a todas las personas mayores de 65 años y reducir en bastante más del 50% a más de 500 propietarios de parcelas rústicas catalogadas hasta la fecha como urbanas en el extrarradio de la localidad.
El presupuesto ha buscado ajustar de manera proporcional las partidas de gastos para este año 2017, entre personal, gasto corriente y pequeñas inversiones ya ejecutadas en 2016 tal y como se comprometió el Gobierno municipal. Tras cancelar anticipadamente los 2 préstamos, la deuda e intereses con la empresa Bavinor, la sentencia del Auditorio y la sentencia de Socamex, tras cumplir y mantener para 2017 el compromiso electoral de reducir el 35% el coste del gobierno municipal, superando los 160.000 € anuales prometidos durante la campaña electoral y realizar el primer paquete importante de pequeñas inversiones y regularizaciones en materia de personal. Ahora toca seguir invirtiendo y transformando un presupuesto que en años anteriores a 2016 estaba estancado en inversiones locales por debajo de los 100.000 €. En el de 2017, aún con todas las dificultades y ajustes, supera ampliamente los 400.000 €, además de los previstos realizar con cargo al remanente positivo de Tesorería y la redotación del Patrimonio Municipal del Suelo en 4,5 millones de euros.
Si sumamos las partidas nuevas o las cantidades que aumentan con respecto a 2016, podemos señalar que el Gobierno socialista dando cumplimiento a la necesaria transformación del presupuesto municipal, convertido durante unos años en un simple “subir y bajar la persiana”. Estamos pasando de un presupuesto de inversiones de menos de 100.000 € a 1 millón de euros.
Se cumplen igualmente los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de gasto no financiero, no incurriendo en déficit y sin deuda ni capital vivo pendiente de amortizar para 2017 y siguientes. Es decir, Alhama entra a formar parte del “selecto” grupo de ayuntamientos de España con deuda cero (0).
La mayor cantidad posible de recursos se destina a inversiones productivas y sostenibles, tanto social como financieramente. Entre ellas las peticiones y necesidades señaladas por los técnicos municipales y también, como novedad principal, todas aquellas resultantes del primer gran proceso participativo, realizado en Alhama, pocos meses después de la importante consulta vecinal para la ubicación del Valle de Leiva. De todas las propuestas, tendrán preferencia las de mejora del saneamiento y conducción del agua, tan necesitada de inversiones desde años atrás y que intentará revertir la tendencia desde este mismo año 2017.
Se va a seguir dando cumplimiento a inversiones comprometidas en el programa electoral, especialmente en materia de educación, instalaciones deportivas e inversiones estratégicas para el municipio. También a inversiones comprometidas con empresas derivados de acuerdos amistosos tras procesos judiciales y buscando, a cambio de las reducciones en los valores catastrales presupuestados, compromisos de retirar pleitos y contenciosos administrativos por los deudores y propietarios, así como exigir en algunos casos compromisos adicionales vía patrocinio de inversiones necesarias en el municipio.
También se hace efectivo el paso de gigante dado durante 2016 a la nueva etapa política y de pedagogía presupuestaria, a través de los Presupuestos Participativos. Todas las propuestas seleccionadas, y también otras comprometidas por el gobierno municipal por su interés general, serán valoradas y ejecutadas durante 2017, al mismo tiempo que se iniciará un nuevo proceso, teniendo en cuenta la importante experiencia y participación de la primera, así como las propuestas de la comisión que ha dirigido en 2016 la prueba piloto de Presupuestos Participativos en Alhama de Murcia. En esta línea se siguen enmarcando la primera experiencia participativa de Alhama en proyectos europeos (AlhamaSuma), no seleccionada en la primera convocatoria, pero que ha sido de nuevo presentada con un importante trabajo de los técnicos municipales. Ya se están ejecutando algunas de las principales propuestas valoradas y seleccionadas, y se harán efectivas o pondrán en marcha durante 2017.
La política de recursos humanos del nuevo Gobierno municipal se basa en “la dignificación del empleado público con una relación basada en la lealtad, la motivación y la productividad”. Tras liquidar las principales deudas devengadas y adeudadas de la anterior legislatura (60.000 € solo en horas extras de Policía de los ejercicios 2012, 2013 y 2014), tras liquidar el resto de paga extra de 2012 pendiente de pago, ahora es el momento de apostar por una necesaria, mejor y mayor formación de los empleados públicos (plasmada en diversas partidas presupuestarias), una definición básica de objetivos, antesala de la necesaria definición y medición de la productividad del trabajo municipal que comenzará a describirse y cuantificarse en 2017, para buscar su mejor valoración social del empleado público y una mayor calidad en la atención y prestación de los servicios públicos.
