La Justicia desmonta la persecución del PP contra Protección Civil y deja en evidencia a María Cánovas y Miriam Díaz

Durante más de dos años, ambas concejalas trataron de convencer a los vecinos de Alhama de que el problema de la Agrupación eran los propios voluntarios

La sentencia dictada el pasado 26 de junio por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Murcia ha declarado nulo el expediente por el que el gobierno de María Cánovas expulsó al entonces coordinador de Protección Civil de Alhama, Luis Reina Marchán. La magistrada concluye que su expulsión no fue ajustada a derecho, ya que durante la tramitación del procedimiento se le denegaron pruebas pertinentes, provocándole indefensión y vulnerando el derecho fundamental reconocido en el artículo 24 de la Constitución. Como consecuencia, ordena su inmediata restitución en la Agrupación de Voluntarios.

Con ello, el Juzgado ha desmontando de raíz uno de los episodios más bochornosos de la historia reciente de nuestro Ayuntamiento y que simbolizó la forma de actuar de la exregidora María Cánovas y de la entonces concejala de Seguridad, Miriam Díaz.

Cuando el PSOE denunció la persecución, el PP respondió con descalificaciones

En sus 19 meses de mandato, el Partido Popular intentó presentar a los voluntarios expedientados como personas conflictivas que perjudicaban el funcionamiento de Protección Civil.

El PSOE sostuvo exactamente lo contrario y denunció que se estaba utilizando el régimen disciplinario para apartar a quienes discrepaban de la dirección política de la Agrupación, que se estaban alimentando enfrentamientos internos y que detrás de aquellos expedientes existía una clara voluntad de represalia contra determinados voluntarios y voluntarias.

Lejos de escuchar estos argumentos, María Cánovas y Miriam Díaz optaron por desacreditar a quienes alzaban la voz y procedieron con una cadena de expedientes sancionadores que terminaron dividiendo y apartando de su servicio a la mitad de los integrantes de Protección Civil.

Aquella situación se convirtió en uno de los motivos que llevaron al PSOE a sumarse a la moción de censura que puso fin al gobierno de María Cánovas el 8 de enero de 2025.

La sentencia de Luis Reina no llega sola

La resolución conocida hace apenas unos días no es un caso aislado, sino que se suma a una secuencia de varapalos judiciales contra el PP que han ido cuestionando la actuación del anterior gobierno municipal en relación con la Agrupación de Voluntarios.

El 2 de diciembre de 2025 la Audiencia Provincial de Murcia resolvió la causa penal derivada de los incidentes ocurridos durante las I Jornadas de Protección Civil celebradas en la Casa de la Cultura de Alhama el 2 de marzo de 2024. Aquel día, el entonces jefe de la Agrupación, José Morales, impidió el acceso al voluntario Bartolomé Acosta y, según recoge la sentencia, llegó a advertirle: «Ahora sí que no vas a pasar. Te voy a abrir un expediente disciplinario y te va a sacar de aquí la Policía. Te vas a la puta calle». La Audiencia confirmó posteriormente la condena de Morales por un delito leve de lesiones, lo que motivó que fuera cesado de su cargo, con una sanción de suspensión de la Agrupación durante dos años.

Un mes más tarde, el 15 de enero de este año, otra sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo volvió a corregir la actuación del anterior gobierno municipal de María Cánovas al anular la sanción de 601 euros impuesta al propio Bartolomé Acosta. Los hechos se remontan a agosto de 2024, cuando la concejalía de Seguridad, dirigida por Miriam Díaz, sancionó a este voluntario por utilizar el chaleco de Protección Civil para auxiliar a un motorista gravemente herido tras un accidente de tráfico. El magistrado concluyó que durante la tramitación del expediente se vulneró su derecho de defensa al denegarse pruebas propuestas por el interesado, recordando que también en los procedimientos sancionadores administrativos deben respetarse plenamente las garantías constitucionales.

Una Agrupación rota por decisiones políticas

Según ha explicado el concejal socialista Felipe García, «estamos hablando de vecinos y vecinas que dedicaban su tiempo libre, de manera desinteresada, a ayudar en emergencias, dispositivos preventivos y situaciones de riesgo. En lugar de proteger ese capital humano, el gobierno del Partido Popular decidió enfrentar a unos voluntarios contra otros, abrir expedientes, imponer sanciones y sembrar un clima de miedo y división que terminó desmantelando la Agrupación».

Del autoritarismo a la reconstrucción

Tras el cambio de rumbo derivado de la moción de censura, el Ayuntamiento de Alhama inició una etapa completamente distinta. Todos los voluntarios/as que habían sido apartados injustamente y manifestaron su voluntad de regresar fueron restituidos en sus derechos y, tras la última sentencia, Luis Reina será reincorporado igualmente en cumplimiento del mandato judicial.

Además, el actual Gobierno municipal ha promovido la aprobación de un nuevo Reglamento de Protección Civil para garantizar que nunca más puedan repetirse actuaciones, definidas por García como «caciquiles», que ponen en riesgo los derechos de los voluntarios o que se utilice el régimen disciplinario con fines distintos a los previstos legalmente.

María Cánovas y Miriam Díaz deben asumir responsabilidades

«La Justicia ha desmontado el expediente más importante impulsado por el anterior gobierno en Protección Civil. Lo mínimo exigible es que María Cánovas y Miriam Díaz pidan perdón a las personas que fueron injustamente perseguidas y expliquen a los vecinos por qué defendieron hasta el final unas actuaciones que han quedado desacreditadas por los tribunales», señala García, quien ha calificado el comportamiento de ambas como «sectario y destructivo».

El edil ha explicado que «el Partido Popular intentó construir un relato en el que los culpables eran los voluntarios y ahora se ha venido abajo». La sentencia de Luis Reina «certifica el fracaso de una forma autoritaria de entender las instituciones y confirma que el PSOE tenía razón cuando denunció que durante 19 meses Protección Civil había dejado de ser gestionada desde el interés general para convertirse en un instrumento de confrontación política», concluye Felipe García.

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