Artículo Felipe García, concejal de Atención al Vecino
Hace exactamente dos años, en la tercera entrega de esta serie de artículos, denuncié públicamente el trato despótico y humillante que estaban sufriendo numerosos voluntarios de Protección Civil bajo el desgobierno de María Cánovas y Miriam Díaz.
Hablé entonces de persecución, expedientes disciplinarios, arbitrariedades y de una Agrupación que aquellas dos señoras habían convertido en escenario de sus particulares demostraciones de poder y despotismo.
Nos acusaron de mentir, de exagerar y de utilizar políticamente el conflicto. Sin embargo, dos años después, ya no es el PSOE ni yo mismo quienes denunciamos sus abusos. Los tribunales llevan meses anulando sus decisiones y condenándolas por vulnerar derechos fundamentales.
La Justicia declaró nula este mismo verano la vergonzosa expulsión de Luis Reina, ha anulado también sanciones contra Bartolomé Acosta y ha puesto en evidencia las graves irregularidades de aquella gestión. Distintos procedimientos y diferentes afectados que tiene un denominador común. Las decisiones adoptadas por María Cánovas y su gobierno han terminado estrellándose contra los tribunales.
Pero la última sentencia, conocida hace apenas unos días, supera cualquier límite de lo razonable. El 26 de febrero de 2024, Bartolomé Acosta salió de su casa para socorrer a un motorista gravemente herido cuya vida corría peligro. Lo auxilió y colaboró con la Policía Local para garantizar la seguridad. ¿Y qué hizo el gobierno de María Cánovas? Castigarlo con treinta días de suspensión por la supuesta utilización indebida de un chaleco de Protección Civil.
Mientras un voluntario intentaba salvar una vida, aquellas irresponsables municipales rebuscaron motivos para abrirle un expediente disciplinario. Ahora, un juez ha calificado aquella intervención de «auténticamente heroica», ha anulado la sanción por vulnerar los derechos fundamentales de defensa y presunción de inocencia y ha condenado al Ayuntamiento a pagar las costas judiciales.
Y hay algo todavía más grave, la sentencia reprocha que se rechazaran pruebas relevantes solicitadas por el voluntario para defenderse. Hasta el punto de advertir que no se puede confundir el ejercicio insistente del derecho de defensa con una actitud obstructiva.
¿Pero qué clase de seres inhumanos son capaces de convertir un acto de solidaridad y socorro en un castigo y, además, impedir que el afectado pueda defenderse con todas las garantías? Para mí, la respuesta es evidente. Son personas que confunden gobernar con mandar, la autoridad con el autoritarismo y las instituciones públicas con su cortijo particular.
Y todavía tienen el descaro de presentarse ante los vecinos como ejemplo de responsabilidad, legalidad y buena gestión. Lo más indignante es que las consecuencias económicas de aquellos despropósitos no las pagan quienes tomaron las decisiones, sino el Ayuntamiento con el dinero de todos los alhameños/as. Ellas ejercieron el poder con soberbia, los voluntarios sufrieron las consecuencias y ahora los vecinos tenemos que pagar la factura.
María Cánovas y Miriam Díaz llevan demasiado tiempo escondiéndose detrás de excusas que no hay por dónde cogerlas y de ataques continuos al gobierno actual. Pero ninguna de las dos puede eludir su responsabilidad política por todo esto.
Aunque la palabra dignidad les queda muy lejana, aún así deberían hacer un ejercicio de contrición y pedir perdón a Bartolomé Acosta, a Luis Reina, a todos los voluntarios afectados y a los 25.000 vecinos/as de Alhama. Y después, entregar sus actas de concejalas y marcharse a su casa.
Quienes han demostrado semejante desprecio por los derechos de los ciudadanos no merecen volver a tener en sus manos la responsabilidad de gobernarlos.
Termino como empecé esta serie en febrero de 2024, advirtiendo del peligro que supone poner las instituciones en manos de quienes entienden el poder como un instrumento de imposición personal.
No hay mayor peligro para una sociedad que quienes abusan del poder y, ni siquiera cuando la Justicia les saca los colores, son capaces de reconocer sus errores.
Un peligro para la sociedad (I parte)
Un peligro para la sociedad (II parte)
Un peligro para la sociedad (III parte)
