Artículo de Nuria García para Siete Días Alhama
A punto está de acabar el curso escolar, un período que en nuestra Región ha estado marcado por ese invento que llamaron semipresencialidad, una ocurrencia única en España, que en lo que realmente ha consistido es en expulsar de las aulas a los escolares la mitad de los días. Con la consiguiente pérdida para el alumnado, así como una mayor carga de trabajo para los docentes. Todo ello por la desidia y el desinterés de la derecha murciana para con la enseñanza pública.
Estaba claro que la situación sanitaria obligaba a adoptar medidas para garantizar la seguridad de alumnos y personal docente, y eso pasaba por organizar los recursos disponibles y por contratar los profesores necesarios para que los niños y niñas pudiesen asistir a clases respetando todos los protocolos establecidos por Sanidad. Todas las comunidades de España lo hicieron, todas menos la nuestra, cuyo gobierno optó tirar el carro por el pedregal y privar a nuestros hijos e hijas de su derecho a recibir una enseñanza completa y de calidad. Demostrando con ello, una vez más, que en materia de enseñanza, al igual que en salud, sus prioridades no van precisamente por defender y apoyar lo público, sino por favorecer el negocio de algunos.
Pero no contentos con el desaguisado que han armado durante la mayor parte del curso, ahora que está a punto de finalizar, y con la consejería de Educación en manos de una ultraderechista antivacunas, nos vienen con una nueva ocurrencia. De la noche a la mañana, sin previo aviso, de forma improvisada y sin ningún marco definido, ordenan la vuelta a presencialidad total para los alumnos de infantil y primaria.
Han tenido casi un año para organizar unos protocolos claros, para habilitar espacios y para preparar al profesorado necesario, así como para bajar las ratios de alumnos/as por aula y desdoblar los grupos para evitar masificaciones en las aulas. Pero nada de nada, ellos a lo suyo. Antes improvisaron y ahora vuelven a hacerlo descargando sobre las espaldas de los equipos directivos de los centros y del profesorado la responsabilidad de la seguridad de los escolares y del personal educativo.
Nunca se debió ordenar la llamada semipresencialidad. Soy de las que siempre he defendido la asistencia total en todas las etapas de enseñanza. Pero esa presencialidad ha de hacerse con total garantía, algo que es posible, pero que -por alguna razón inconfesable, aunque fácilmente imaginable-, López Miras con su gobierno de tránsfugas se niega a ofrecer.
Dentro de cinco meses se iniciará otro curso, hay tiempo más que suficiente para organizarlo bien, pero mucho me temo que llegará septiembre y nos encontraremos igual o peor que hace siete meses, sin ningún protocolo sanitario, seguramente con una sustancial disminución de los recursos económicos para los centros públicos, reducción equivalente al incremento de esos recursos para la enseñanza privada. Por algo somos una de las regiones de España donde más se segrega a los alumnos/as por razones económicas, y es de esperar que con las artimañas que están preparando para saltarse las leyes nacionales la segregación en las aulas seguirá aumentando con la consiguiente merma en la calidad de la enseñanza pública, que es lo que realmente están intentando.
Y para colmo de males, nos encontramos con el cierre definitivo del servicio de teléfono de atención a las víctimas del acoso escolar. No creo que eso lo hagan por el coste económico que suponía dicho servicio, sino que parece tratarse de un nuevo y premeditado atentado contra la enseñanza pública en beneficio de otros intereses.
