Artículo de Felipe García, concejal de Hacienda, para Infolínea
Como vecino y como concejal de hacienda del Ayuntamiento de Alhama, esperaba ansioso la presentación de los presupuestos regionales de la Comunidad Autónoma para el año 2022.
Y aunque no confío mucho en el presidente López Miras y su partido, todavía tenía una leve esperanza de que alguien en el Gobierno regional tuviese un mínimo de cordura y de sensibilidad ante los graves problemas que aquejan a los 45 municipios, pero a tenor de lo que vamos conociendo mi esperanza se va desvaneciendo por minutos. El PP y su cohorte de tránsfugas siguen dando la espalda a la realidad, vamos, que siguen a lo suyo, a lo que mejor saben hacer que no es otra cosa que desatender lo público y utilizar las instituciones para que sus amigos continúen ‘chupando del bote’.
Los presupuestos que nos presentan el Gobierno autonómico son un amasijo de números sin corazón ni proyecto ni hoja de ruta, que no tienen en cuenta la realidad que vivimos en la Región. De las 968.000 personas que hacen la declaración de la renta, cerca de 620.000 declararon en el último ejercicio ingresos inferiores a 12.000 euros anuales, lo que trae como consecuencia que tengamos los salarios y pensiones más bajos y los mayores índices de precariedad laboral de toda España.
Es un descontrol, algo que no debería sorprendernos porque así llevan años y años, presentando unas cuentas que después no son capaces o no quieren cumplir. En este 2021 que está a punto de acabar, el Ejecutivo regional ha dejado sin ejecutar numerosos proyectos que ellos mismos habían aprobado, promesas y más promesas del PP que nunca llegan a realizarse. Anuncian actuaciones e inversiones en centros sanitarios, colegios o carreteras que se presupuestan año tras año y nunca se llevan a cabo. Y si no que se lo pregunten a los vecinos de Gebas o de El Berro -y al resto de los alhameños- que siguen sin poder circular con seguridad por la carretera RM-515. Por no mencionar que siguen eternizando la tan necesaria ampliación del centro de salud y del servicio de urgencias, y sin dar explicaciones de por qué aún siguen cerrados los consultorios médicos de las pedanías, desde que empezó la pandemia.
Otro tanto podríamos decir sobre educación: la Región de Murcia es una de las comunidades con mayores tasas de fracaso y abandono escolar temprano, donde más alumnos/as repiten curso y que cuenta con los niveles más altos de pobreza infantil. Por si fuera poco, todavía siguen sin explicarnos dónde han metido los millones de euros que la Comunidad Autónoma ha recibido del Gobierno de España para ayudar a los ayuntamientos, de los que no hemos visto ni un euro.
Sin salir de nuestra Alhama podríamos hablar de las llamadas ‘competencias impropias’, que son los servicios que el Gobierno regional debe prestar, por ser de su competencia exclusiva, pero que no lo hace. Al final somos los ayuntamientos quienes los costeamos con el dinero de todos los vecinos y vecinas, precisamente porque van destinados a servicios muy necesarios en materia de educación, sanidad o bienestar social, entre otras. Puedo concretar algunas de ellas, como la limpieza y desinfección frente a la Covid-19, la gestión de las escuelas infantiles, el centro de atención a personas con problemas de salud mental, las escuelas de conciliación, los itinerarios de información y orientación socio-familiar, los talleres extraescolares para la infancia, los servicios de transporte escolar, el servicio de ayuda a domicilio, el servicio de teleasistencia, el servicio de información a consumidores y usuarios, el plan educativo de medidas alternativas a la expulsión, las subvenciones para proyectos educativos y AMPAS, las ayudas al transporte universitario, el programa de coordinación familiar para niños/as con necesidades específicas de apoyo educativo, y próximamente el transporte en autobús a la Arrixaca, entre muchísimas otras. Y todavía, con este panorama que nos dejan, la derecha tiene la cara dura de hablar de bajadas de impuestos.
