Carmina Fernández denuncia en Alhama de Murcia que el Gobierno regional ha tratado de «tapar» el escándalo y reclama responsabilidades políticas
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, y la secretaria general del PSOE de Alhama y alcaldesa del municipio, Rosa Sánchez, han acusado este lunes al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, de intentar ocultar el denominado «caso de las prótesis» investigado por la UDEF y han exigido la creación de una comisión de investigación para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades políticas.
Durante una rueda de prensa celebrada este martes ante el Servicio de Urgencias del Centro de Salud de la localidad, a la que también asistieron la diputada socialista Magdalena S. Blesa, y la concejala Nani Navarro, Fernández calificó el caso como «el mayor escándalo sanitario que se ha producido en la Región de Murcia» y aseguró que las investigaciones policiales apuntan a la presunta implantación de prótesis caducadas y no homologadas en intervenciones de cirugía vascular realizadas en hospitales de la Comunidad Autónoma.
«La confianza de los pacientes en la sanidad pública se ha quebrado. Estamos hablando de un presunto fraude millonario, pero sobre todo de una situación en la que se ha puesto en riesgo la salud de personas que acudieron a un hospital confiando en recibir la mejor atención posible», afirmó.
La dirigente socialista criticó la actuación del Ejecutivo autonómico tras conocerse los hechos y sostuvo que, lejos de ofrecer explicaciones, el Gobierno regional ha intentado minimizar el alcance del caso.
«Lo que ha hecho el Gobierno regional es tapar con tierra este escándalo. López Miras lleva semanas escondido sin dar explicaciones y los ciudadanos merecen saber qué ha ocurrido y quiénes son los responsables», señaló.
Fernández recordó que el PSOE ya se ha personado en la causa judicial abierta, ha registrado solicitudes de información en la Asamblea Regional, ha pedido la comparecencia del presidente autonómico y ha solicitado la creación de una comisión de investigación parlamentaria.
«Quien tenía la obligación de proteger a los pacientes era la Consejería de Salud, el Servicio Murciano de Salud y el Gobierno regional. Si se confirman los hechos, estamos ante una situación de enorme gravedad que exige transparencia y responsabilidades», añadió.
Por su parte, Rosa Sánchez denunció que este nuevo escándalo sanitario se suma a los problemas que arrastran los servicios públicos de la Región de Murcia y puso como ejemplo la situación del municipio de Alhama.
La alcaldesa recordó que hace apenas unas semanas el Ayuntamiento tuvo que denunciar públicamente los retrasos en la ampliación del Centro de Salud y del Servicio de Urgencias para obtener respuesta del Servicio Murciano de Salud.
Según explicó, la contestación a los requerimientos municipales permaneció durante meses sin tramitar pese a estar firmada desde noviembre, lo que ha retrasado el inicio de unas obras consideradas esenciales para el municipio.
«Queremos saber por qué se guardó durante seis meses una respuesta imprescindible para poner en marcha la ampliación del centro de salud. Los vecinos de Alhama merecen explicaciones», afirmó.
Sánchez también criticó las carencias asistenciales que soportan usuarios y profesionales sanitarios, señalando que las actuales instalaciones resultan insuficientes para atender a una población cercana a los 25.000 habitantes.
«Se han normalizado situaciones que no son normales. Tenemos un servicio de urgencias saturado, con problemas de espacio, falta de intimidad para los pacientes y unas instalaciones que no responden a las necesidades reales del municipio», denunció.
La alcaldesa expresó además su preocupación por la posible existencia de vecinos de Alhama afectados por la trama investigada y anunció que solicitarán información para conocer si hay residentes del municipio perjudicados por estos hechos.
Finalmente, ambas dirigentes socialistas reclamaron al Gobierno regional que actúe con transparencia, ofrezca explicaciones públicas y garantice que se esclarezcan todas las circunstancias relacionadas con el caso.
«Vamos a llegar hasta el final para que se conozca toda la verdad y para que quienes tengan responsabilidades las asuman», concluyeron.
