Artículo de Nuria García para Siete Días Alhama
Si lo que hacen en la Región de Murcia y el concepto que tiene la derecha de lo que debe ser un medio de comunicación público, y garantizar su independencia e imparcialidad, es el ejemplo de la gestión que propone el PP, da miedo pensar lo que sería capaz de hacer si cayesen en sus manos los medios de comunicación nacionales
En abril de 2020 expiró de manera irreversible -es decir, sin opciones de prórroga- el contrato para la gestión de la televisión pública de la Región de Murcia (7TV). Desde entonces, no sólo no se ha vuelto a sacar a concurso como sería preceptivo para una nueva adjudicación del servicio, sino que de manera arbitraria e ilegal le han entregado a la empresa CBM Servicios Audiovisuales SL más de 17 millones de euros.
El asunto en sí mismo ya supone un claro ejemplo de desvió de fondos públicos sin más justificación que la de mantener atada y bien atada una televisión que hace mucho tiempo que dejó de ser de todos los murcianos para convertirse en un chiringuito mantenido con nuestro dinero y cuyo único fin parece ser el de dar lustre y tapar la desastrosa gestión de López Miras y sus acólitos. O dicho de otra manera, una cadena mantenida con fondos públicos para mayor gloria de los dirigentes del PP. Vamos, que nos encontramos con una televisión que es menos independiente e imparcial que la cadena oficial cubana.
Pero lo que lo convierte en más grave -y no sé si será casualidad, aunque me inclino a pensar que no- es el hecho de que el director general de la empresa beneficiaria es marido de la secretaria general de López Miras. Vamos, que todo se queda en casa, con el control total y absoluto de la información o desinformación que se difunde a través de unos medios que deberían ser públicos, pero que en la práctica se ha demostrado que no lo son. Así las cosas, estoy segura de que cualquier régimen alejado de la democracia estaría encantado de contar con una gestión así para su televisión pública.
Y que nadie me entienda mal, todo esto al margen de la calidad de la mayoría de profesionales que trabajan en la cadena, desde técnicos, redactores, presentadores y presentadoras, o productoras contratadas. El problema no está en los recursos humanos, sino en la dirección política que marca su rumbo.
A tal extremo llega la desfachatez y la sensación de impunidad con la que se mueven por nuestra tierra el PP y sus tránsfugas que para entregar la televisión pública de la Región a la empresa del marido de la secretaria general del Presidente, con rango de consejera del Gobierno murciano, ni siquiera se han esmerado en buscar una excusa más o menos elaborada, sino que tratan de justificarlo por “tramitación de emergencia”. Tal como reza en la última entrega de cuatro millones y medio de euros el pasado 29 de junio.
Esta emergencia es sólo una mala excusa de quien se dedica regar de billetes a amigos y afines, riéndose descaradamente de todos los vecinos y vecinas, en lugar dedicarse a gestionar de la manera eficiente la infinidad de problemas que acucian a nuestra Región y que ellos mismos han generado después de 26 años en el poder y una deuda de casi 11.000 millones de euros.
Lo que sucede es que ya son tantas las barrabasadas de la banda que dirige esta región, que piensan que son intocables ante cualquier cosa que hagan.
Si lo que hacen en la Región de Murcia y el concepto que tiene la derecha de lo que debe ser un medio de comunicación público, y garantizar su independencia e imparcialidad, es el ejemplo de la gestión que propone el PP, da miedo pensar lo que sería capaz de hacer si cayesen en sus manos los medios de comunicación nacionales.
