Artículo de María José López, concejala de Educación, para Infolínea
Estas pasadas semanas la consejería de Educación y Cultura, y más concretamente su titular, Mabel Campuzano, ha ocupado páginas en toda la prensa regional. Lamentablemente no ha sido por su dedicación a los temas de los que debería ocuparse cualquier gobernante que ostente una responsabilidad tan importante como es la educación de los niños y jóvenes de esta Región, sino por sus disputas con sus compañeros por ver quien tiene más cuota de poder para colocar a sus amigos en los cargos de responsabilidad en el Gobierno regional.
La verdad es que no se podía esperar mucho en materia de educación pública por parte de una derecha murciana que a lo largo de los años viene evidenciando su escaso interés por esta materia y por cualquier otra cosa que no sea hacer negocio.
Esto quedó demostrado cuando López Miras colocó a Campuzano al frente de Educación y Cultura, no por sus méritos ni por su conocimiento en las materias, sino por un apaño y en pago de su voto para que el Partido Popular continuase al frente del Gobierno regional.
Su nombramiento fue un despropósito desde el principio. En plena pandemia ponen al frente de dos áreas fundamentales a una negacionista antivacunas, una auténtica temeridad. A ello le sumamos que en el tiempo de su gestión de lo único que puede presumir es de haber empeorado la ya maltrecha Educación en la Región de Murcia, negándose sistemáticamente a dotar a los centros de las necesidades básicas de medios y de personal. En lo único que ha destacado es en su permanente obsesión por boicotear en todo lo que puede las políticas educativas del Gobierno de España.
El penúltimo capítulo de la guerra que la consejera y el presidente de la Comunidad se empeñan en mantener con el Gobierno de España lo hemos vivido estos últimos días con el intento de boicotear la Ley Orgánica de Educación, de obligado cumplimiento en todo el territorio español, mediante el proceso de admisión de alumnos/as en los centros educativos para el próximo curso. La Ley obliga a que la proximidad del centro educativo al domicilio o lugar de trabajo de los progenitores sea uno de los criterios prioritarios para la admisión de los alumnos. Pero desde la consejería de Educación pretendían seguir como el año pasado, eludiendo ese criterio y perjudicando tanto a los centros públicos como a las familias.
Finalmente han tenido que desistir de sus intenciones -aunque no del todo-, pero lo han hecho forzados por un demoledor informe del Consejo Jurídico de la Región de Murcia que destapa las irregularidades y las argucias políticas de la consejería de Educación para saltarse las leyes.
La confrontación sistemática y permanente de una comunidad autónoma contra el Gobierno de la Nación no es buena en ninguno de los ámbitos y a lo único que responde es a intereses electorales. No es de recibo es que genere esta maraña y que se use la educación de nuestros niños y jóvenes para mantener artificiosamente una guerra que no conduce a nada, y que solo daña nuestro sistema y perjudica a quien debería ser el principal elemento de protección, como es el alumnado.
En su lugar, lo que debería ocupar al Gobierno regional y a la consejera de Educación sería atender las necesidades de los centros, que no son pocas, y velar por la calidad de la enseñanza pública, como por ejemplo contratando al profesorado suficiente para bajar la ratio de alumnos/as por aula.
