Artículo de Rosa Sánchez, concejala de Deportes, para Infolínea
Hace décadas que se demanda, desde diversos foros, un nuevo marco regulador estatal en materia deportiva. Desde 1990, fecha de entrada en vigor de la actual Ley del Deporte, el crecimiento del sector deportivo ha sido exponencial, así como su progresiva mercantilización, el crecimiento de su estructura asociativa y el aumento de la participación femenina entre algunos de los cambios evolutivos más destacados. El ordenamiento jurídico se ha visto desbordado tras una auténtica explosión de circunstancias novedosas que no encuentran un encuadre adecuado en las estructuras jurídicas diseñadas en la España de los 80 y los 90. Era necesario un cambio normativo que se adaptara a la nueva realidad del deporte español.
Por ello, el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de diciembre el anteproyecto de Ley presentado por el ministerio de Cultura y Deportes, que reconoce expresamente el derecho a la actividad física y su carácter esencial, incluyendo capítulos que no aparecían en la anterior Ley, como los relativos al voluntariado deportivo, el deporte universitario, el deporte en edad escolar y la redefinición del término ‘deportista’.
Entrando al detalle, la nueva Ley establece una acepción extensiva de este término, para que los derechos y deberes también alcancen a todas las personas practicantes del deporte, independientemente de si lo hacen en el subsector competitivo o en otro. Se amplía la participación en competiciones profesionales a clubes deportivos, eliminándose la obligación de transformarse en Sociedad Anónima Deportiva. El texto está inspirado en todo su articulado por el principio de igualdad, estableciendo el deber de las entidades deportivas de equilibrar la presencia de hombres y mujeres en sus órganos directivos y la elaboración de un ‘Protocolo de prevención y actuación para situaciones de discriminación, abusos y acoso sexual y acoso por razón de sexo’. Se promueve también la igualdad en la visibilidad de eventos deportivos en categorías masculina y femenina en los medios de comunicación y la defensa de los derechos de los colectivos LGTBI. Otro gran eje de impulso de esta Ley es la promoción del deporte inclusivo, practicado por personas con discapacidad, instrumentalizando modelos de integración dentro de las federaciones, eliminando los obstáculos que generan segregación. Se postula la Conferencia Sectorial de Deporte como órgano de cooperación, interlocución y coordinación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, con la participación de las Entidades Locales.
Con esta nueva Ley, el Gobierno de España, a través de la escucha activa y el diálogo con asociaciones, clubes y las entidades implicadas, responde así a las demandas históricas del sector, haciendo del deporte una herramienta que contribuya a la consolidación de nuestro Estado del Bienestar, situándolo como una prioridad estratégica en nuestro proyecto de país.
