Artículo de Nuria García para Siete Días Alhama
Al negarse -ellos sabrán por qué- a enfrentarse a los regadíos ilegales, los miembros del PP y del Gobierno regional no han hecho otra cosa que lo que han venido haciendo desde hace ya muchos años: ponerse de lado ante los problemas que aquejan a la Región de Murcia. Para ello no dudan en mentir de forma descarada con el único fin de tapar sus mentiras, buscando múltiples excusas y creando falsos debates para culpar a los demás de su dejadez.
El PP de López Miras, con el imprescindible apoyo de los transfugas, ha dejado ver su verdadera cara con respecto a la protección del medio ambiente en la Región, especialmente en el caso del Mar Menor. Después de años de dejadez, que culminaron con el episodio de miles de peces y crustáceos muertos este verano en nuestras cosas, se hace necesario poner en marcha de forma urgente medidas de protección de la laguna y su entorno, que no hay que inventar, ya que se encuentran recogidas en unas leyes que los Populares no quieren cumplir.
Una de esas medidas que de no adoptarse con inmediatez harán muy difícil la recuperación de ese espacio natural y lo condenaran a una muerte más que segura, es levantar con carácter inmediato los regadíos ilegales y los cultivos expedientados en el Campo de Cartagena en las 8.500 hectáreas ilegales detectadas en la zona. Algo que parece lógico y de justicia para que no sigan beneficiándose los que incumplen las leyes de forma sistemática y premeditada y que están perjudicando gravemente el medio ambiente, la salud y la economía de nuestra Región.
En ese sentido, el PP y sus tránsfugas se niegan a debatir en la Asamblea Regional la proposición de Ley presentada por el grupo parlamentario socialista para levantar de inmediato los cultivos expedientados. Con ello demuestran que les importa un bledo la protección del patrimonio natural, lo que verdaderamente les interesa es seguir protegiendo determinados intereses económicos y especulativos de empresas amigas, destrozando uno de nuestros bienes más preciados.
Al negarse -ellos sabrán por qué- a enfrentarse a los regadíos ilegales, los miembros del PP y del Gobierno regional no han hecho otra cosa que lo que han venido haciendo desde hace ya muchos años: ponerse de lado ante los problemas que aquejan a la Región de Murcia. Para ello no dudan en mentir de forma descarada con el único fin de tapar sus mentiras, buscando múltiples excusas y creando falsos debates para culpar a los demás de su dejadez.
En su afán de exculparse de sus responsabilidades crean un artificioso conflicto de competencias cuando saben perfectamente que la Comunidad Autónoma es plenamente competente sobre la protección del mar Menor. Así se puede ver con una simple lectura al Estatuto de Autonomía y a la sentencia del Tribunal Constitucional, que lo declaran declaraba expresamente. Por cierto, una sentencia que se producía en 1994 ante un recurso que el PP interpuso contra la Ley de Protección del Mar Menor, puesta en marcha por el Gobierno regional que ostentaba el PSOE en 1987.
La Ley de protección nunca le ha gustado al PP, quizás porque impedía que los especuladores pudiesen hacer, -como están haciendo- de su capa un sayo y contaminar a su antojo todo lo contaminable. Hasta tal punto que en cuanto consiguieron llegar al Gobierno regional no tardaron en derogarla, provocando con ello el desastre con el que actualmente nos encontramos.
Su irresponsabilidad es tal que llegan a sacarse de la chistera soluciones que saben que son imposibles y que lo único que provocarían sería un desastre aún mayor, como es la propuesta de dragar y abrir las golas. Algo que los científicos del Instituto Español de Oceanografía han dicho que es una “temeridad” que no solucionaría nada, sino que produciría un daño irreparable.
Con todo esto, lo que pretenden desde el PP es intentar dar tiempo a que el Mar Menor deje de ser noticia para que sus ‘amigos’ puedan seguir contaminándolo y destrozándolo sin más límite que su avaricia. Algo que desde el PSOE no vamos a permitir que consigan.
