Artículo de Nuria García para Siete Días Alhama
No tienen excusa económica, si es que lo económico fuese excusa cuando se trata de educación y de salud, porque el Gobierno de España ha comprometido 13.000 millones de euros a las comunidades autónomas para adaptar los servicios públicos frente a la Covid-19.
Gracias a la planificación del ministerio de Sanidad se ha conseguido llegar a la meta que se marcó el Gobierno de España de llegar al setenta por ciento de la población española vacunada a final de verano, aunque a algunos eso parezca molestarles. Pero evidentemente eso no significa que el coronavirus esté ya fuera de nuestras vidas ni que podamos dar por finalizada la pandemia, por ello se hace necesario seguir extremando las precauciones y todas las administraciones publicas han de seguir adoptando las medidas necesarias para proteger a toda la población en la medida de lo posible.
Pero, como siempre, nos encontramos con que algunos se niegan a ello. En el caso de nuestra Región esta semana se inicia el curso en los centros de infantil y primaria, mientras que la próxima serán los institutos los que abrirán sus puertas para recibir a los alumnos/as. Frente a esta realidad, la consejería de Educación no ha tomado ninguna medida para garantizar que nuestros escolares sean atendidos en las mejores condiciones y con las correspondientes medidas de seguridad, los responsables de los centros se siguen quejando de que, al igual que el curso pasado, el Gobierno regional se desentiende de sus funciones y lo deja todo a la improvisación y al buen hacer de los profesionales de la educación.
Lo que es más grave y no tiene ninguna justificación es la negativa de la consejería de Educación a mantener este curso el profesorado de refuerzo que es necesario para garantizar la total presencialidad del alumnado en las aulas bajo los protocolos antiCovid, y si a ello le sumamos que las plantillas de los centros educativos no están completas porque todavía no se han nombrado a todos los profesores/as interinos, nos encontramos con el descontrol al que ya nos tiene acostumbrados el ejecutivo de López Miras y los tránsfugas.
No tiene justificación alguna el hecho de no mantener el profesorado de refuerzo porque, por un lado, como bien sabemos el virus sigue haciendo estragos en todo el mundo, y también en nuestra Región. Y no tienen excusa económica, si es que lo económico fuese excusa cuando se trata de educación y de salud, porque el Gobierno de España ha comprometido 13.000 millones de euros a las comunidades autónomas para adaptar los servicios públicos frente a la Covid-19, y ha pedido a los consejeros y consejeras del ramo que destinen parte de este dinero, que llegará entre octubre y noviembre, al refuerzo de la educación para adaptarla a la situación actual provocada por la pandemia.
Cualquier otra excusa u ocurrencia que pudiese sacar de la manga el Partido Popular carece de justificación, si se tiene en cuenta que otras comunidades autónomas sí están manteniendo el necesario profesorado de refuerzo. Algunas, como la Comunidad Valenciana, Canarias y Cantabria van a aumentar aún más las plantillas; otras, aunque disminuyen el número de refuerzos, los mantienen en una cantidad elevada; mientras, los centros de la Región se quedan totalmente abandonados a su suerte, con el mismo número de docentes que antes del inicio de la pandemia.
La derecha murciana tiene un doctorado en culpar al Gobierno de España de todos los males que nos asolan -pero eso sí, pidiéndole constantemente dinero para malgastar en no se sabe qué-. Al menos podrían enviar a los ayuntamientos algún euro para colaborar en la financiación de los gastos de limpieza y desinfección de los colegios, a los que han tenido que hacer frente los municipios aun siendo competencia regional, pero eso parece que no está en la agenda de la consejería de Educación y de su máxima responsable, una declarada negacionista antivacunas.
