Artículo de Nuria García para Siete Días
Hablando de competencias, a estas alturas ya ha quedado meridianamente claro quien las tiene y se ha negado a ejercerlas. Basta con una simple lectura del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, donde en el apartado 7 del artículo 10 dice textualmente: “Corresponde a la Comunidad Autónoma de Murcia la competencia exclusiva en las siguientes materias: proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés para la Comunidad Autónoma, cuando el cauce integral de las aguas se halle dentro de su territorio, aguas minerales y termales”.
Era cuestión de tiempo que la desastrosa e irresponsable gestión del gobierno de la derecha murciana reventase por algún sitio, y lo ha hecho de la peor manera posible y el lugar más delicado, el Mar Menor. Este mes de agosto toda España y parte de Europa ha visto como este espacio natural único colapsaba arrojando a sus costas toneladas de peces muertos. El problema es que esta situación no es fruto de un calentón de sus aguas, sino de muchos años de despropósitos y de permisividad de los sucesivos gobiernos del PP, que en su afán de ganar dinero no han dudado en contaminar todo lo contaminable y de destrozar todo lo destrozable.
No es la primera vez que esto sucede, pero esta vez parece que la cosa es mucho más seria, ya que esta laguna parece estar a punto de llegar a su muerte definitiva si no se toman medidas de forma urgente. Si la situación del Mar Menor es lamentable, lo que ya resulta totalmente bochornoso es la actitud de los dirigentes Populares, que han estado permitiendo -o alentando- su destrucción. Y, para colmo, cuando ya no es posible seguir ocultando por más tiempo su desidia, la banda del PP y los tránsfugas, con López Miras a la cabeza, arropado por Teodoro García, se ha lanzado en tromba como una manada de elefantes en una cacharrería llorando y dedicándose a culpar a los calores estivales -primero- y a los socialistas -después- de la catástrofe del Mar Menor.
Cierto es que la delicada situación no viene de ahora, por eso ya en 1987 el Gobierno regional, entonces dirigido por el PSOE, consciente del peligro que se cernía sobre la laguna, aprobó la Ley de Protección de Mar Menor, un texto que no gustó nada a la derecha murciana que hizo todo lo posible para bloquearla, recurriendo incluso al Tribunal Constitucional. Y les faltó tiempo para derogarla en cuanto pusieron el pie en el Palacio de San Esteban. Con ello dejaban la puerta abierta para que proliferaran en el entorno de este espacio natural los regadíos ilegales y un modelo de agricultura altamente contaminante, que con los años ha provocado la situación actual.
Durante años han permitido, por no decir otra cosa, que la laguna se llenase de nitratos y otros contaminantes, así hasta que la situación se hizo totalmente insostenible. Entonces, buscando la manera de escurrir el bulto, a las cabezas pensantes de la derecha murciana no se les ocurre otra cosa que culpar a los socialistas de la situación y reclamar del Estado las competencias para -según decían- “atajar el problema”. Pero resulta que el problema no eran las competencias, el problema era y son ellos que se han negado sistemáticamente a sancionar a los que durante años han estado contaminando sin ningún miramiento.
Y hablando de competencias, a estas alturas ya ha quedado meridianamente claro quien las tiene y se ha negado a ejercerlas. Basta con una simple lectura del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, donde en sus apartados 7, 8 y 9 del artículo 10 dice textualmente: “Corresponde a la Comunidad Autónoma de Murcia la competencia exclusiva en las siguientes materias: 7. Proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés para la Comunidad Autónoma, cuando el cauce integral de las aguas se halle dentro de su territorio. Aguas minerales y termales. 8. Ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos, aguas superficiales y subterráneas cuando discurran o se hallen íntegramente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. 9. Pesca en aguas interiores, marisqueo, acuicultura y alguicultura, así como el desarrollo de cualquier otra forma de cultivo industrial. Caza y pesca fluvial. Protección de los ecosistemas en los que se desarrollan dichas actividades”.
Y ahora, cuando su burda mentira ha sido descubierta, se hacen los inocentes y nos anuncian que, a partir de ahora, van a ser buenos y van resolver de forma rápida los expedientes sancionadores a los contaminadores. Expedientes que, para no incomodar sus amigos, tenían guardados en un cajón sin fondo para que poco a poco fuesen prescribiendo sin ninguna consecuencia para los infractores.
Mucho me temo que ese anuncio, que se han visto forzados a realizar, sea una nueva treta para desviar la atención y esperar a que escampe para seguir cometiendo las tropelías de siempre. Por eso se hace imprescindible una vigilancia permanente y una movilización general de la sociedad murciana para forzarles a dejar de mirar para otro lado y comiencen a aplicar la ley, ejecutando las competencias que el Estatuto les tiene encomendadas desde hace muchos años.
Esperemos que no sea demasiado tarde para un Mar Menor moribundo y para la Región de Murcia, cuya imagen está sufriendo un daño que va a ser muy difícil de superar.
