Artículo de Felipe García, concejal de Hacienda, para Infolínea
Hablar de impuestos es algo muy serio porque nos afecta a todos. Los impuestos no son un fin en sí mismo sino la herramienta con la que cuentan las administraciones públicas -Estado, Comunidades Autónomas y ayuntamientos- para cumplir las obligaciones de la Constitución Española de 1978. Así está recogido en su artículo 31.1: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.
A ningún gobernante se le ocurre subir los impuestos por capricho, de igual manera que a nadie se le debería pasar por la cabeza bajarlos alegremente sin antes prever las consecuencias ni tener claro de dónde piensa conseguir el dinero necesario para garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos.
En España nos encontramos con una derecha sin proyecto de futuro para nuestro país y con continuos pronósticos catastróficos que nunca se cumplen, que ha optado una vez más por mirar para otro lado e intentar jugar la única carta que le queda: la frivolidad. Por ello, sin ningún escrúpulo ni seriedad, prometen bajar impuestos porque eso parece que suena bien.
Curiosamente el único impuesto que están eliminando en las comunidades donde gobierna la derecha es el impuesto de patrimonio. Un gravamen que afecta únicamente al 0,2% de los españoles, que disponen de un patrimonio de más de 700.000 euros, sin contar la vivienda, y que en la práctica supone una importante inyección económica para las Comunidades Autónomas. Dinero que debería emplearse en mejorar y garantizar servicios públicos tan esenciales como la educación y la sanidad.
Estos días, los dirigentes del PP en los territorios donde gobiernan han comenzado una carrera a ver quién es el último en suprimir ese impuesto. Comenzó el presidente de Andalucía y le ha seguido el de la Región de Murcia. Si a ello le sumamos la negativa del PP nacional de aprobar el impuesto a los beneficios extraordinarios de las grandes compañías energéticas, ya tenemos preparado un cóctel explosivo para la campaña electoral, que algunos han comenzado por su cuenta con un año de antelación.
Lo que se les olvida mencionar es que, con esa actitud aparentemente generosa para unos pocos, seremos la mayoría quienes suframos un drástico empeoramiento de los ya mermados servicios públicos. Todo ello sin olvidar que, dentro de unos días, López Miras y los miembros de su gobierno de tránsfugas harán una gira por las emisoras de radio y televisión exigiendo al gobierno de España que les mande urgentemente dinero para tapar los agujeros que están dejando. Agujeros de los que en Alhama sabemos algo, sobre todo quienes usamos la carretera RM-515, así como la larguísima lista de competencias impropias que nuestro ayuntamiento tiene que cubrir porque el Ejecutivo regional del PP se niega a cumplir, a pesar de ser su obligación.
