Artículo de Nuria García para Siete Días Alhama
La nueva deriva adoptada por el PP murciano, que tras secuestrar hasta hacer inoperativa la Asamblea Regional y conformar un gobierno con ultraderechistas y tránsfugas, arremete contra el derecho de las niñas y los niños a recibir una educación integral, plena y de calidad
Cada día que pasa resulta más evidente que la moción de censura presentada contra el presidente de la Comunidad Autónoma -que no prosperó por la traición de los diputados tránsfugas comprados por el Partido Popular- era más que necesaria por una simple cuestión de dignidad.
En el tiempo que Fernando López Miras lleva ocupando el cargo ha demostrado sobradamente que su palabra vale poco menos que nada, y que a la banda que manda en San Esteban no le preocupa ni lo más mínimo la calidad de los servicios públicos. Pero en las últimas semanas ha quedado definitivamente probado cuales son realmente sus intereses, para lo cual ya ni se molestan en guardar las formas ni en dar a sus actos alguna apariencia de normalidad democrática.
Varios son los ejemplos que estos días estamos viendo acerca del devenir del Gobierno regional de tránsfugas y ultraderechistas. Así nos encontramos con un parlamento autonómico presidido por un tránsfuga, que mantiene formalmente la comisión creada para intentar clarificar lo sucedido con el escándalo del robo de las vacunas, pero resulta que la citada comisión está presidida por la consejera tránsfuga Valle Miguélez, la cual no ha movido un sólo papel en los dos meses que hace de su creación, quedando meridianamente clara la intención del PP y sus esbirros tránsfugas de intentar ocultar una vez más sus trapicheos.
Y qué decir de la desidia que parece imponerse en la consejería de Educación y Cultura, entregada como trofeo a la ultraderechista Mabel Campuzano. El valor de la palabra de López Miras también quedó al descubierto cuando hace unos días se reunía con los sindicatos de la enseñanza y aseguraba que “de ninguna manera” se impondría el ya famoso veto parental ni el llamado cheque escolar. Pero diez días después, en el parlamento regional, la nueva mayoría conformada en los despachos por el PP, Vox y los tránsfugas votaba a favor de imponer lo que ellos llaman PIN parental, pero que realmente debería llamarse veto parental, ya que en la práctica lo que supone es imponer la censura en los centros escolares de la Región.
Estos son solo dos -pero clarificadores- ejemplos de la nueva deriva adoptada por el PP murciano, que tras secuestrar hasta hacer inoperativa la Asamblea Regional y conformar un gobierno con ultraderechistas y tránsfugas, arremete contra el derecho de las niñas y los niños a recibir una educación integral, plena y de calidad. Tampoco ocultan ya sus intenciones de beneficiar a los centros privados en detrimento de los públicos, y lo peor de todo esto es que encima intentan convencernos de que todo eso lo hacen en nombre de la “libertad”.
El ministerio de Educación ya ha anunciado que recurrirá y llevará ante los tribunales a este Gobierno regional si finalmente da el paso de imponer el veto parental, ya que el gobierno de España no está dispuesto a consentir que se utilice la educación para las macabras maniobras de la extrema derecha.
