Artículo de Nuria García para Siete Días Alhama
Han sido casi cuatro años en los que, como apuntó en la Cámara alta la senadora Lourdes Retuerto, con maquiavélicos malabares desde las filas populares se ha conseguido retrasar una decisión que se aprobó en 2017 en la Asamblea Regional.
Al final se ha logrado que el Senado de España aprobara definitivamente a principios de este mes de febrero la modificación del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, una vieja propuesta del PSRM-PSOE por la cual se eliminan los aforamientos de los cargos políticos regionales: presidente, consejeros y diputados. Han sido casi cuatro años en los que, como apuntó en la Cámara alta la senadora socialista Lourdes Retuerto, con maquiavélicos malabares desde las filas populares se ha conseguido retrasar una decisión que se aprobó en 2017 en la Asamblea Regional. Se vieron forzados a aceptar para no quedarse aislados solo cuando perdieron la mayoría absoluta, aunque desde entonces han venido poniendo todas las trabas posibles para que esta medida no se hiciese efectiva, algo que sólo con la llegada de los socialistas al Gobierno de España se consiguió desbloquear.
La figura del aforado, si es que alguna vez tuvo sentido, hace mucho tiempo que no lo tiene y sobre todo no es aceptada por la sociedad, después de un cuarto de siglo en el que los distintos presidentes populares han usado ese privilegio para escaquearse de la justicia y actuar con total impunidad en lo que consideran que es su cortijo particular. Era una necesidad ineludible su eliminación total y definitiva para recuperar la confianza de la ciudadanía en la política, al saber que los cargos públicos pueden y deben de responder ante la justicia como cualquier otra persona, como ya ha demostrado Diego Conesa renunciando a su aforamiento para declarar voluntariamente.
En el Senado ahora, al igual que ocurriera en la Asamblea Regional, el PP se ha visto en la obligación de votar a favor de la eliminación de este anticuado e injusto privilegio. Varios han sido los dirigentes populares que se han escudado en el aforamiento, pero el mayor y más vergonzoso caso de intentar esquivar a los jueces utilizando el aforamiento lo protagonizó el expresidente Pedro Antonio Sánchez. Éste, una vez acosado por los escándalos provocados por sus actuaciones, tanto en la presidencia de la Comunidad como en su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras -cuyo ayuntamiento dejó poco menos que en la ruina de la que tardará tiempo en recuperarse-, se vio forzado a dejar la presidencia y se agazapó en el escaño de diputado para poder conservar la condición de aforado y así intentar eludir la acción de la justicia.
Pero si hay algo que como ha quedado demostrado es que, si de ellos hubiese dependido, nunca hubiesen renunciado voluntariamente a esa figura que tanto les ha servido para protegerse y dilatar procesos judiciales en los que se han visto envueltos muchos cargos del PP en estos años, prueba de ello fue la intervención del senador popular Francisco Bernabé, posiblemente el peor delegado del Gobierno de todos los que han ocupado el cargo en la Región.
Bernabé, en el Senado, más que a apoyar la eliminación de los aforamientos, se dedicó a defenderlos y a criticar a los que propusieron su eliminación. Al final, con poco convencimiento y casi a regañadientes, él y su grupo se vieron obligados a votar a favor de la modificación, porque no hacerlo hubiese significado un escándalo de tales dimensiones que hubiese tenido difícil justificación y nadie lo hubiese entendido. Así funciona el Partido Popular, nunca actuando por compromiso con la democracia, sino siempre forzado por ella.
