Artículo de Nuria García
El Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia ha aprobado una resolución que obliga a la consejería de Salud a publicar los datos de todos los altos cargos que fueron vacunados indebidamente contra la Covid-19, saltándose el protocolo.
Hace casi un año que la humanidad comenzó a ver un poco de esperanza con la llegada de las vacunas para intentar frenar una pandemia que todavía continúa amenazando nuestras vidas. En aquellos momentos, como los laboratorios y las fábricas no daban a basto a producir las dosis necesarias y al ritmo que hubiese sido deseable para inmunizar a toda la población, los gobiernos europeos -y con ellos el Gobierno de España- marcaron unos protocolos muy claros para garantizar la correcta utilización de las vacunas que nos llegaban.
Primero, como era lógico, se priorizó la vacunación de las personas mayores, que eran las que más estaban sufriendo el envite del virus, y por supuesto el personal sanitario encargado de garantizar la seguridad de todos.
Pero, como sucede en demasiadas ocasiones, siempre hay quienes no tienen el más mínimo respeto por las normas ni por las demás personas. En nuestra Región la derecha gobernante ya tiene sobradamente demostrado que lo único que le interesa de lo público es la posibilidad de hacer chanchullos y negocios, por ello no perdió la ocasión de aprovecharse de las vacunas para su beneficio particular. Desde la consejería de Sanidad, que era la encargada de custodiar y garantizar que las vacunas llegasen a sus destinatarios, se ‘robaron’ un número hasta ahora desconocido de dosis que curiosamente acabaron de forma indebida en los brazos de altos cargos y amigos de los dirigentes regionales. Y lo hicieron sin ningún escrúpulo, a sabiendas de que esas inyecciones podían haber salvado las vidas de muchos de nuestros mayores.
El escándalo fue mayúsculo y traspasó nuestras fronteras, pero aún así, amparándose en la impunidad a la que están acostumbrados desde hace años, se negaron a desvelar los nombres y número de altos cargos que se beneficiaron de las vacunas sustraídas.
Para intentar tapar esta sinvergonzonería, en febrero tuvieron que aceptar la creación de una comisión parlamentaria en la Asamblea Regional, que sería la encargada de investigar el asunto y tratar de esclarecer las responsabilidades políticas. Pero, amparándose en la mayoría conseguida en los despachos mediante la compra de diputados tránsfugas, el PP y VOX llevan meses obstaculizando y poniendo todas las trabas posibles para intentar ocultar lo sucedido, negándose a publicar la lista de quienes se saltaron el protocolo y se apropiaron de unas vacunas que no les correspondían. Con su actitud, la derecha murciana está volviendo a demostrar que la transparencia y la democracia de la que tanto hablan no va con ellos.
Pero ni con todas sus tretas han podido acallar ni esconder la realidad, así el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia ha aprobado una resolución que obliga a la consejería de Salud a publicar los datos de todos los altos cargos que fueron vacunados indebidamente contra la
Covid-19, saltándose el protocolo. Evidentemente ellos siguen en su línea ocultista y la resolución ha sido aprobada con los votos en contra del PP y los tránsfugas y expulsados de Ciudadanos y Vox, así como por los miembros del Gobierno regional que forman parte del Consejo de la Transparencia.
Aunque esta resolución es de obligado cumplimiento, el Ejecutivo de López Miras sigue negándose a publicar la citada lista, algo que no vamos a permitir desde el PSOE. Según la resolución, tienen 15 días para hacerlo.
Además, y la vista de como viene actuando el Gobierno regional y de la poca fiabilidad de sus intenciones, exigiremos una auditoría informática para confirmar que no ha habido ninguna manipulación de los datos.
Los vecinos y vecinas de la Región merecemos conocer toda la información del proceso de vacunación, más aún cuando los responsables de la Comunidad Autónoma se lo han saltado a
la torera, poniendo en riesgo -a sabiendas- la salud y la vida de muchas personas.
