Artículo de Nuria García para Siete Días Alhama
Está más que demostrado que la declaración del estado de alarma y las medidas que conllevaba, como el confinamiento y las restricciones a la movilidad, contribuyeron a salvar muchas vidas en unos momentos en los que no existía la verdadera arma contra la pandemia, como es la vacuna.
Desde que se pronunció el Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma, las derechas y la ultraderecha han metido el acelerador a sus aparatos de propaganda para generar bulos, mentiras y desinformación contra el Gobierno de España, agarrándose con pinzas a una sentencia que -en principio- hasta donde se ha podido saber no cuestiona las medidas adoptadas por el ejecutivo de Pedro Sánchez en marzo de 2020, y ratificadas por el Parlamento quince días después, para hacer frente a una emergencia sanitaria provocada por la Covid-19, sino que dice que no se debió decretar el estado de alarma sino el de excepción.
Desde el máximo respeto a la decisión adoptada por el Constitucional, también conviene mencionar que ha sido aprobada con los votos favorables de seis magistrados, mientras que otros cinco han votado en contra de la sentencia. Prueba más que evidente de la complejidad de un asunto de vital importancia, ya que ni los propios miembros del alto tribunal logran la unanimidad, mucho menos lo podemos hacer quienes no somos expertas en leyes. Por ello no voy a entrar en un asunto que, aunque está recogido en el artículo 116 de la Constitución Española y regulado por Ley Orgánica de junio de 1981, divide a los propios magistrados. Eso le corresponde a los especialistas que tendrán que estudiar la sentencia y, en su caso, recurrirla si lo consideran conveniente.
Lo insólito y grave es cómo y por qué nos encontramos en esta situación, provocada por un recurso presentado por VOX, un partido cuyo cinismo es de tal envergadura que no sólo votó a favor del decreto del estado de alarma, sino que además lo pidió con insistencia en declaraciones públicas y en sus intervenciones en las redes sociales unos días antes de que el Gobierno lo decretase. Por cierto, una medida a la que tuvieron que recurrir todos los países de nuestro entorno con fórmulas similares para intentar salvar la vida de millones de personas, y que en todo el mundo fueron apoyadas sin fisuras por gobiernos y oposición, con la única excepción de España, donde la deslealtad de la derecha cuando no ostenta el poder no conoce límites.
Está más que demostrado que la declaración del estado de alarma y las medidas que conllevaba, como el confinamiento y las restricciones a la movilidad, contribuyeron a salvar muchas vidas en unos momentos en los que no existía la verdadera arma contra la pandemia, como es la vacuna. Pero eso para las derechas no parece importar nada, para esos partidos y sus dirigentes lo importante es intentar desgastar al Gobierno, dándoles igual el precio en vidas humanas que ello pudiese costar.
Así pasaron de pedir el estado de alarma a criticarlo en poco tiempo, por lo que suponía de perdida de libertades individuales, y recurrirlo ante el Tribunal Constitucional. Y ahora se ponen muy contentos porque ese tribunal dice que lo que se debería haber decretado era el estado de excepción, un recurso mucho más restrictivo y que conlleva la suspensión de algún artículo de la Constitución.
No quiero ni pensar lo que hubiesen dicho y hecho si el ejecutivo de Pedro Sánchez hubiese optado por esa opción, que según la Constitución requería de mucho más tiempo para ponerla en marcha y no hubiese sido posible su aplicación por más de sesenta días, algo que como se demostró no hubiese sido suficiente para frenar el avance de la enfermedad con el consiguiente coste en vidas humanas.
Evidentemente esta sentencia no se hubiese producido con un gobierno de derechas, simplemente porque la izquierda no hubiese tenido el cinismo de criticar, cuestionar y recurrir ante el tribunal unas medidas que han salvado vidas en España y en todo el mundo. Pero parece que la derecha española no es de este mundo.
